miércoles, 9 de noviembre de 2011

Partir del principio de mala fe de las víctimas incrementa los riesgos de revictimización

Comunicado de prensa, Noviembre 2 de 2011


La Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales advierte con preocupación que las recientes declaraciones de funcionarios públicos frente al caso Mapiripán, tienden un peligroso manto de duda sobre la buena fe de las víctimas que deslegitima su derecho a exigir  verdad, justicia y reparación integral.  

En momentos en los que se registran importantes expectativas con la implementación de la Ley 1448 “de víctimas y restitución de tierras”,  cuestionar la legitimidad jurídica y política de las víctimas y de las organizaciones sociales, atenta gravemente contra la plena satisfacción de los derechos de las víctimas, afecta la legitimidad e idoneidad de los organismos internacionales y desvirtúa el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos en Colombia.

El Estado está en el deber de garantizar el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación, incluida una indemnización proporcional a los daños padecidos, responder ante las instancias internacionales cuando, como en Colombia, el 97%, de los casos por graves infracciones del DIH y a los Derechos Humanos en el país, se mantienen en la impunidad, y la eficacia de la Fiscalía y la administración de justicia están seriamente cuestionadas.

La Mesa Nacional, observa con preocupación que se está impulsando una gran ofensiva contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de deslegitimarla como institución judicial autónoma, y que además, se está generando un principio de mala fe de las víctimas, obstaculizando así su pleno acceso a la justicia.

La Mesa Nacional hace un llamado a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para que perseveren en su empeño de fortalecer la legitimidad de las víctimas ante la sociedad colombiana y garantizar la plena realización de sus derechos constitucionales.  

La Mesa Nacional exige que se respete y garantice la legitimidad de las víctimas en sus reclamos para el pleno reconocimiento de sus derechos vulnerados y también el trabajo que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos que las representan y trabajan por sus derechos. El Estado colombiano debe asumir, a través de los organismos competentes, las distintas investigaciones e identificación de las víctimas con el fin de no perpetuar la impunidad jurídica e histórica

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